Candidatos presidenciales exponen sus propuestas en Ecuador

Como antesala a las elecciones presidenciales de Ecuador para el periodo 2025-2029, los 16 candidatos han presentado sus propuestas en materia de seguridad en actos de campaña que conducirán a las elecciones del próximo 9 de febrero.

El tema de la seguridad es fundamental para la vida y el futuro de los ecuatorianos, principalmente desde el inicio de la ola de violencia desatada desde finales de 2020 y que se ha mantenido de una manera u otra durante las presidencias de Guillermo Lasso y el actual mandatario Daniel Noboa, el cual con su «Plan Fénix» no ha logrado estabilizar el país.

• Jimmy Jairala (Centro Democrático): Enfocado en atacar a los grupos criminales y aumentar los programas sociales, propone una estrategia nacional para intervenir territorios controlados por delincuentes, depurar las fuerzas públicas y reconocer el rol de las guardias indígenas.

• Jorge Escala (Unidad Popular): Propone la depuración de la Policía y las Fuerzas Armadas, auditorías patrimoniales a funcionarios públicos y fortalecer la cooperación latinoamericana contra el crimen organizado.

• Andrea González (Sociedad Patriótica): Enfocada en el control costero y marítimo, sugiere reforzar la presencia de la Armada Nacional, colaborar con empresas privadas para instalar escáneres y establecer programas de rehabilitación para presos.

• Víctor Araus (Pueblo, Igualdad y Democracia): Ofrece una reforma integral a la Policía Nacional, endurecimiento de leyes contra el narcotráfico y programas de prevención y rehabilitación social.

• Luisa González (Revolución Ciudadana): Pone énfasis en los programas sociales, derechos humanos y reinserción social, y propone la recuperación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

• Henry Kronfle (Partido Social Cristiano): Aboga por una “mano de hierro” contra la delincuencia, reestructuración de la Policía y evitar la politización de las instituciones de seguridad.

• Daniel Noboa (Acción Democrática Nacional/Actual presidente): Propone diseñar políticas públicas de seguridad, fortalecer acciones contra la delincuencia organizada y promover la igualdad y justicia social.

• Luis Tilleria (Avanza): Sugiere eliminar el SNAI (Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas), crear una Fuerza de Control Penitenciario y restablecer el servicio militar obligatorio.

• Carlos Rabascall (Izquierda Democrática): Apuesta por el uso intensivo de tecnología para el control de fronteras y la modernización de las cárceles.

• Juan Cueva (Amigo): Prioriza la cooperación internacional contra el narcotráfico y la reestructuración de las fuerzas públicas.

• Pedro Granja (Partido Socialista): Enfocado en la rehabilitación social y laboral de los presos, lucha contra la corrupción y las mafias en el sistema penitenciario.

• Leonidas Iza (Pachakutik): Propone fortalecer y depurar las fuerzas públicas, reconocer la justicia indígena y refundar el sistema de rehabilitación social.

• Iván Saquicela (Democracia Sí): Pondera la capacitación y profesionalización del personal de seguridad y mejoras en equipamiento tecnológico.

• Francesco Tabacchi (Creo): Aboga por la creación de un «escuadrón de pacificación», cadena perpetua para delitos graves y cooperación internacional para reducir el hacinamiento carcelario.

• Wilson Gómez (SUMA): Propone un plan de control fronterizo con Colombia, construcción de un muro tecnológico y rastreo de operaciones financieras de grupos criminales.

• Henry Cucalón (Construye): Prioriza la investigación y sanción de delitos graves, la modernización de las fuerzas de seguridad y el control riguroso en las fronteras.

Acciones sin resultados

El gobierno de Noboa ha declarado estados de emergencia y ha movilizado al Ejército para enfrentar a las bandas criminales, entre otras medidas. Sin embargo, estas han sido criticadas por su enfoque represivo y militarista, que no aborda las raíces del problema: la desigualdad social, la falta de oportunidades y la corrupción.

De igual forma, el Ejecutivo ha sido fuertemente cuestionado en protestas por sus proyectos de construcción de megacárceles en zonas de la Amazonía ecuatoriana, así como por la reciente desaparición forzada y asesinato de cuatro menores de edad en Las Malvinas, Guayaquil, delito por el cual han sido imputados al menos 16 efectivos militares.

La tasa de homicidios en Ecuador ha aumentado drásticamente al pasar de 14,04 por cada 100,000 personas en 2021 a 25 por cada 100,000 habitantes en 2022. En 2023, la situación se agravó aún más; alcanzó una tasa de 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, con un saldo de cerca de 7 mil 592 muertes violentas.

Fuente: TeleSUR

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