Defensoría del Pueblo considera oportuno el trabajo iniciado por la AN para reformar el Código Penal y la Ley Orgánica por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, aseguró que como institución acudieron recientemente a la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional (AN) para presentar un proyecto de Ley de la Defensoría.
«Es importante esa energía que tiene la Asamblea Nacional en las diferentes comisiones que están trabajando diversas leyes. A Defensoría del Pueblo se han acercado varias comunidades y sectores a denunciar que han sido víctimas de estafas, por lo que tiene que haber una reforma en la Ley o crear una nueva ley para atender a las víctimas de este delito, para que no quede nada más con poner preso al estafador y delincuente, sino cómo quedan las víctimas de estafa en el tema de la reparación», propuso.
También aseguró que han recibido a personas con discapacidad que requieren una Ley Especial para profundizar en el respeto y los derechos de estas personas.
Ruiz expresó su beneplácito por la reciente aprobación en primera discusión de la Ley del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia, ya que con ello se podrá atacar a los delitos que van mutando, entre ellos, la trata de personas y otros delitos asociados en esta materia a través de las redes y el internet. Por ello, consideró que también es fundamental la reforma, muy esperada, al Código Penal.
Destacó que es importante que los diferentes proyectos de ley, presentados tanto por el Ministerio Público como el Poder Judicial, tienen que estar transversalizada con el tema de derechos humanos, vayan consonancia con el respeto de la dignidad del ser humano y a favor del desarrollo de las personas.
Por masacre conocida como «El Caracazo» continúan juicios abiertos y la identificación de algunos restos de víctimas
El Defensor del Pueblo precisó que los lamentables hechos del 27 de febrero de 1989 que se extendió hasta la primera semana de marzo de ese año, consistió en una de las mayores masacres de los últimos 100 años en Venezuela después de las registradas en la época de la colonia y en la guerra de la independencia, ya que hubo la mayor cantidad de fallecidos, la mayor cantidad de violaciones generalizadas a los derechos humanos con allanamientos ilegales, detenciones, asesinatos, desapariciones y torturas.
Recordó que por eso el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional decretaron precisamente el Día Nacional de los derechos humanos el 27 de febrero.
Recordó que el pasado 28 de febrero fue un aniversario 21 años de la Defensoría del Pueblo, a partir del decreto en el año 2000 para la creación de esta institución lo que ha permitido el reconocimiento a los defensores las defensoras de derechos humanos, que a partir de las masacres del 27 de febrero del 89, se organizaron diferentes instituciones, personas, grupos y comunidades en favor del respeto a los DDHH.
Recordó que fue el presidente Chávez en el año 99, quien asumió la responsabilidad en nombre de todo el Estado venezolano de lo que había pasado en 1989 y por eso empezó la también la indemnización y la reparación a las víctimas, la búsqueda de los restos, pero que aún hay tareas pendientes en lo que respecta a la identificación de los restos en la zona conocida como La Peste en el Cementerio General del Sur.
«Es importante que las personas que hayan perdido un familiar en esa fecha acudan al Ministerio Público para hacer un banco de datos de ADN para que haya correspondencia. Es decir, ya están identificados los restos, hay un examen de ADN, pero hay que ver a quienes corresponderían esos restos para poder hacer la entrega», aseguró.
También precisó que están pendiente algunos juicios. «Han avanzado bastante, es decir ya pasó toda la etapa preliminar y ya estamos en etapa de juicio», aclaró al colocar como ejemplo a Virgilio Ávila Vivas como uno de los mayores responsables en la coordinación de las acciones de represión contra el pueblo.
Medidas coercitivas violentan los DDHH del pueblo
El Defensor del Pueblo recordó que la relatora de derechos humanos ante Naciones Unidas, presentó y expuso recientemente un informe con relación a la situación real que se vive el país y por ello, solicitó a EE.UU. y la Unión Europea (UE) el cese de estas medidas coercitivas que afectan al pueblo venezolano.
«Con relación al tema de los derechos humanos, estas medidas que han permanecido en el tiempo e incluso se han intensificado, son medidas coercitivas que no solo son ilegales, ni unilaterales , sino que además constituyen delitos de lesa humanidad de una forma terrible, ahogan al pueblo venezolano, son unas medidas que son crímenes de guerra», repudió.
Destacó que han causado un problema muy grave en la ciudadanía venezolana y reconoció los esfuerzos del Gobierno Nacional para tratar de solventar algunas situaciones pese a que PDVSA está generando el 1% de lo que producía antes de las medidas.
Repudió el uso de los derechos humanos como arma política, como arma de guerra. Recordó que el Derecho Internacional Humanitario prohíbe hasta en las peores guerras, bloquear la entrada de alimentos y medicinas, como lo han hecho en Venezuela.
Ruiz sostiene que por ello este año la ONU va a discutir este año en el Consejo de DDHH, cómo estas medidas ilegales constituyen crímenes de lesa humanidad.
Felicitó a las personas que están comprometidas con los derechos humanos, ya que la Constitución es clara y dice que es un derecho pero también un deber de todos los ciudadanos y las ciudadanas venezolanas promover y defender los derechos humanos.