Estudio revela que sanciones atentan contra soberanía de Venezuela

El Observatorio Lawfare, organismo latinoamericano que se ocupa del seguimiento y análisis de casos de guerra política encauzados por la vía judicial-mediática, emitió un documento donde evaluó los impactos perniciosos causados por las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela durante 10 años, por lo que apuntan que dichas medidas son una estrategia contra de la soberanía y democracia del país.

«En Venezuela el impacto de las MCU es profundo: 1) el congelamiento de 31 toneladas de oro por el Banco de Inglaterra desde 2018; 2) Caída del 99 % del ingreso en divisas del país: Venezuela pasó de percibir 39 mil 639 millones de dólares en divisas en 2014 a 743 millones en 2020. En perspectiva, entre 2014 y 2020, Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que recibía; 3) Algunos de los recursos y activos más importantes congelados, confiscados y/o retenidos en el exterior: siete mil millones de USD líquidos, retenidos en bancos; cinco mil Millones de USD retenidos en el FMI», registra la investigación.

El documento afirma que la agresión contra Venezuela mediante las ilegales medidas coercitivas dictadas por Estados Unidos y sus aliados, busca alcanzar objetivos de política exterior y control geopolítico, en específico revertir los avances logrados por la Revolución Bolivariana en 25 años y forzar un cambio político en el país.

Asimismo, señala que el comportamiento de Estados Unidos en cuanto a la pretendida flexibilización de las sanciones, mediante la emisión de licencias, encubre “un intento por mantener desde Washington un tutelaje y control sobre la economía venezolana usando las licencias como un mecanismo de chantaje para alcanzar objetivos políticos y electorales en el país”, en el contexto de los comicios presidenciales que se realizarán este domingo 28 de julio.

Las sanciones económicas son una de las formas más dañinas del Lawfare. Se trata de penalidades impuestas por un Estado a otro para privarlo de relaciones comerciales, monetarias y financieras, con el objetivo de lograr objetivos políticos y geopolíticos por vías distintas a la intervención armada.

En tal sentido, la declaración enumera los graves efectos que las 930 medidas coercitivas unilaterales han tenido en áreas como la salud, la alimentación, los servicios básicos, el sector petrolero, la producción industrial y las finanzas.

Fuente: CIIP

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