Gobierno boliviano busca investigar y sancionar casos de pederastia
La ministra de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, María Nela Prada, destacó la importancia de avanzar con el anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes, en la que plantea la conformación de una “Comisión de la Verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables.
De acuerdo al portal web de Telesur, Prada señaló en que la Comisión “no puede quedarse únicamente en temas investigativos”. Para su labor, recogerá la experiencia de la “Comisión de Revisión de Casos de Violación y Femicidio”, que trabajó en el 2022 y que logró la revisión de un total de 327 casos.
Aseguró que el ente mencionado será conformado, una vez el anteproyecto de ley sea aprobado por el Legislativo para dar así una respuesta inmediata de justicia y reparación a las víctimas de violación y abuso sexual, quienes, por coerción y miedo, no presentaron la denuncia en su momento; pero que ahora sí tienen la oportunidad de hacerlo.
Al mismo tiempo, la ministra de la Presidencia de Bolivia manifestó que la propuesta fue elaborado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” y “no errores” cometidos por el jesuita español, ya fallecido, Alfonso Pedrajas, quien actuó contra más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba.
Además, Prada condenó que estos hechos fueran encubiertos por la iglesia católica con el argumento de “proteger la institucionalidad religiosa”; pues solo después de que la prensa revelara los abusos de Pedrajas, fue que la Compañía de Jesús presentó una denuncia a la Policía.
Ante lo señalado, el anteproyecto plantea la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales, cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes para garantizar que no prevalezca la impunidad.
La Comisión estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; así como el Fiscal General del Estado, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, así como los representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
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