Hija de Kennedy informará a la ONU sobre condiciones inhumanas de las cárceles en El Salvador
La fundación pro derechos humanos Robert F. Kennedy, de Estados Unidos, informará al sistema de las Naciones Unidas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de derechos humanos en El Salvador, señaló la presidenta de la fundación, Kerry Kennedy, que se encuentra de visita en el país centroamericano junto con un equipo de expertos para conocer el estado del tema.
La activista y abogada expuso en una conferencia de prensa, en la sede de la organización no gubernamental Cristosal, que durante su visita se ha reunido con representantes de la sociedad civil, de medios de comunicación y de organizaciones de derechos humanos.
Detalló que tuvieron la oportunidad de entrevistar a personas que estuvieron detenidas tras ser arrestadas durante el régimen de excepción, y que «muchas de ellas nos externaron que las condiciones en las cárceles son inhumanas».
«Miles de otras personas continúan recluidas en condiciones inhumanas y corren peligro de sufrir daños», dijo.
La hija de Robert F. Kennedy aseguró que «no permanecerá callada» ante «la comisión sistemática de graves violaciones a derechos humanos en El Salvador», y «nos aseguraremos de llevarnos estas historias con nosotras y mostrar al mundo lo que hemos presenciado».
«Hemos escuchado, constantemente, que la gran mayoría de personas privadas de libertad en el marco del estado de excepción y recluidas en centros de detención de todo el país son inocentes» y que «su único delito parece ser que son pobres y vulnerables», indicó.
Kennedy y su grupo de trabajo se trasladaron a la prisión La Esperanza -conocida como Mariona y cercana a la capital San Salvador- para conocer la situación de las personas detenidas, pero no se les permitió el acceso, según señalaron, reseñan Agencias Internacionales.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 1 de abril la prórroga 37 de un régimen de excepción, implementado desde hace tres años para «combatir» a las pandillas, por «la aún existencia de estructuras terroristas» en el país.
Un grupo de organizaciones humanitarias ha recibido denuncias de al menos 6.889 víctimas de violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción, con la detención arbitraria con el 98 % de las denuncias, y se registran más de 390 muertes de personas bajo custodia de agentes del Estado.
El régimen suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa de los detenidos, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días, que pasa a 15.
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