Indígenas de Ecuador preparan juicio contra Gobierno por represión en protestas
«Estamos trabajando en eso (en el juicio); estamos analizando los procedimientos; tenemos que hacer un análisis jurídico y político para presentar la demanda por el excesivo uso de fuerza y violencia durante las protestas», señaló Vargas.
La fecha para la presentación de la demanda aún no está definida, aseguró el dirigente indígena.
El pasado miércoles, Vargas y Leonidas Iza, presidente del Movimiento Indígena del Cotopaxi (MIC), rindieron testimonio dentro del proceso por el presunto delito de instigación al sabotaje y terrorismo, durante las protestas de octubre pasado en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles.
«No podemos decir que hubo terrorismo», dijo Vargas, tras presentarse al llamado de Fiscalía. «Hay nombres y apellidos del porqué del levantamiento del pueblo ecuatoriano».
Vargas y el presidente del MIC fueron acusados de instigación a sabotaje y terrorismo por haber encabezado las movilizaciones registradas en Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
Las jornadas de protesta finalizaron una vez que Moreno derogó el referido decreto con el que el 1 de octubre dio fin a los subsidios a los combustibles.
Según la denuncia contra los dirigentes indígenas, presentada por el excandidato a la Prefectura de Pichincha (norte), Marcelo Hallo, la Fiscalía debe investigar los “excesos y los actos vandálicos y terroristas” que sufrieron los ecuatorianos durante los días del paro, que no solo habrían generado delitos sino cuantiosas pérdidas económicas al país.
Al respecto, Vargas dijo que solo la Fiscalía, al término de la investigación, puede “certificar” el tipo de acciones que ocurrieron.
Añadió que su compromiso, como dirigente, es responder ante el país y la justicia.
Mientras tanto, Leonidas Iza destacó que los hechos de octubre se enmarcan en los derechos a la protesta y a la resistencia, consagrados en la Carta de los Derechos Humanos y en la Constitución ecuatoriana, respectivamente.
Argumentó que estos actos “no se pueden confundir” con delitos comunes o de violencia.
