Informe ONU reconoce que “sanciones” unilaterales contra Venezuela afectaron y disminuyeron gravemente salarios de hasta $500 que existían antes de 2015

El Informe Preliminar de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, reconoció que hasta el año 2015 los trabajadores del sector público en Venezuela percibían un salario equivalente a entre 150-500 dólares y estos ingresos han sido afectados gravemente por las llamadas “sanciones” impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países, al punto de disminuirlos al equivalente entre 1-10 dólares en 2020.

Así lo leyó la relatora especial de la ONU, Alena Douhan, al concluir su visita a la República Bolivariana de Venezuela y ofrecer los resultados preliminares en su informe en una rueda de prensa internacional, donde evidencia las graves y negativas consecuencias que desde años anteriores y especialmente a partir de 2014 han ocasionado las medidas coercitivas unilaterales sobre los Derechos Humanos y sociales que disfrutaban los venezolanos.

El informe señala que el Gobierno Nacional durante varios años ha revisado periódicamente el salario de los trabajadores y otorgó aumentos consecutivos en los ingresos mensuales, pero las medidas coercitivas han incidido de tal manera en la moneda nacional que provocaron su desvalorización en forma dramática.

“Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020”, dijo sobre la lectura de este punto en el documento, el cual será presentado en septiembre próximo ante el Consejo de DDHH del organismo.

Determinó que esta consecuencia directa de las “sanciones”, ha provocado que «el ingreso en general cubra apenas 1% de la cesta básica de alimentos, lo cual hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno”.

En este punto indicó que el Estado venezolano provee a millones de familias con mercados mensuales de alimentos mediante los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), transferencias de asignaciones de dinero, directas y periódicas a través del sistema Patria (Carnet de la Patria), además de múltiples subsidios para los funcionarios públicos y los más de 20 millones de personas registradas en el Sistema de protección social.

Todo esto pese a la reducción de los ingresos del Gobierno en un 99% “y el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones”, informó.

“Como ya les dije, no puedo calcular el daño económico exacto, pero puedo ver el efecto en la vida de todos los seres humanos, no por el deterioro económico o por la imposibilidad de acometer proyectos de desarrollo, sino que afecta a todas las personas del país”, expresó a una pregunta de los periodistas.

Afectación al gas, gasolina, servicios públicos

El informe destaca, además, que las “sanciones” contra la producción energética provocan la disminución del gas y la gasolina, el consiguiente aumento de los precios del transporte y las perturbaciones en otros servicios públicos, lo cual agrava los problemas de entrega y distribución de alimentos, suministros médicos, entre otras áreas.

La Relatora admite que “desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela”.

Como parte del contexto de estas sanciones, la Relatora confirma en su informe que desde enero de 2019, “tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del Gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca”.

Amenazas y violación de DDHH

El informe señala “que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones”.

Constató que en septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos de oposición solamente por estar acusados “de cooperar con el Gobierno”. La Relatoría reconoce que estas “sanciones” contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos.

Además, refirió prácticas unilaterales que afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. Afirmó que grupos de ciudadanos privados, sin vinculación al Gobierno Nacional, han reportado imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas.

Las “sanciones selectivas y secundarias” violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación.

En la rueda de prensa posterior, la Relatora Alena Daughan señaló que recibió múltiples denuncias de ciudadanos particulares que se les impedía hacer transacciones de sus negocios, congelamiento de sus cuentas bancarias y la imposibilidad de poder desarrollarse social y económicamente, “simplemente por ser venezolanos”.

Preguntas y respuestas

Durante la ronda de preguntas y respuestas con los periodistas nacionales e internacionales, la Relatora Especial cuestionó algunas interrogantes que se le hicieron, e hizo énfasis en que éstas deberían ser planteadas a los Gobiernos que impusieron “sanciones” a Venezuela con medidas coercitivas que han causado impacto negativo en los DD.HH.

Tras leer el informe y dar paso a las preguntas de los periodistas, Alena Douhan se refirió al Derecho Internacional, y aunque dijo que no está en Venezuela para determinar la “legalidad” de las “sanciones”, la mayoría “se toma en violación del Derecho Internacional y del impacto humanitario en las naciones, que no ha sido calculado”.

Explicó que su mandato establecido en 2015, la faculta para determinar el impacto negativo de estas medidas coercitivas unilaterales en los DDHH.

En el caso de Venezuela, advirtió que las causas esgrimidas de culpar a un Gobierno de no ser suficientemente democrático u otras razones sobre DDHH, ninguna de ellas constituyen crímenes internacionales. Las sanciones en estos casos solo pueden ser tomadas por el Consejo de Seguridad de la ONU.

“Como mencioné en el informe, la Ley internacional hoy no permite la posibilidad de imponer estas sanciones unilaterales, existen principios de igualdad y soberanía de los Estados”, recalcó.

Como una respuesta a los periodistas sobre las razones de los países de aplicar “sanciones” para mejorar los DDHH en otras naciones, la Relatora consideró que las preguntas deberían hacerse de manera diferente, enfocadas a la comunidad internacional y otros Estados que implementan esas medidas. “La evaluación del impacto negativo de estas sanciones unilaterales llegan al punto de si son legales o no en las medidas adoptadas y si impactan o no en los DDHH de las personas”

“Los países podrían decidir si llegar a un acuerdo o no, retirarse de los acuerdos existentes o no, de acuerdo a las normas… Las sanciones adoptadas hoy de manera abierta y en el caso de Venezuela, esas naciones incumplen los criterios”.

Concluyó la Relatora invitando y remitiendo a los periodistas la conclusión que está explícitamente publicada en el informe:

“Las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo”.

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/maye