Presentarán Ley de Participación Política de los Pueblos Indígenas
El presidente de la Subcomisión de Legislación, diputado indígena Nelson Mavio, señaló que este mecanismo garantizará el ejercicio del voto directo para elegir a sus representantes en cargos de elección popular con el respeto a sus usos, prácticas y costumbres.
Aunque la participación política de los Pueblos Indígenas es un derecho consagrado en la Constitución desde 1999 la Comisión legisla para eliminar algunas restricciones.
«Esta es una situación que debe ser enmendada mediante una Ley Especial», explicó el diputado quien destaca que en Revolución se ha logrado un avance importante en la superación de la condición de subordinados políticos que tenían los pueblos indígenas mediante varias leyes que tratan su derecho a la participación.
No obstante estos avances, el parlamentario señala que la garantía plena de este derecho ha quedado rezagada por no estar establecidos los mecanismos necesarios para ejercer directa y plenamente esta participación. «Necesitamos alcanzar el objetivo de una democracia directa, participativa y protagónica con la participación del Pueblo Legislador Indígena», precisó.
En la exposición de motivos del proyecto se señala que con esta ley los pueblos indígenas tendrán la garantía jurídica de unas reglas de juego, claras, consistentes y coherentes con sus necesidades, realidades y potencialidades, eliminando de una vez por todas cualquier vestigio de la democracia representativa.
Igualmente, esta ley evita que se limite la participación política de los pueblos indígenas a un acto electoral para luego ser excluidos completamente de cualquier participación decisoria.
Mavio reconoció los avances sustanciales logrados con el Poder Electoral, el cual garantizó por primera vez a los pueblos indígenas, ejercer su derecho al voto de forma directa.
Sin embargo, señalò que la situación actual debe mejorarse para las sucesivas elecciones incluyendo la representación indígena a la Asamblea Nacional para 2025.
Explicó que esto se debe a que las normas dictadas tienen efectos exclusivos, porque solo fueron establecidas para el año 2020 y no son aplicables para las venideras elecciones, quedando a discrecionalidad del CNE el optar por otros mecanismos.
La idea es que los pueblos y comunidades indígenas cuenten con la seguridad jurídica en torno de su participación política.
