ESPAÑA | Presidente de Cataluña enfrenta juicio e inhabilitación por negarse a retirar lazos amarillos en apoyo a presos políticos
El presidente de Cataluña, Quim Torra, compareció ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acusado de un delito de desobediencia por negarse a retirar de edificios públicos las insignias de apoyo a los políticos independentistas encarcelados durante la campaña de las elecciones generales en España.
«Yo no voy a defenderme de nada, cumplí mi deber como presidente de los catalanes, que es defender los derechos y libertades de mis compatriotas», aseguró el presidente de la Generalitat en declaraciones a la prensa, pocas horas antes de su cita con el tribunal a las 9:00 (hora local) de este 18 de noviembre, informó la agencia Sputnik.
Torra alegó ante el juez del TSJC que desobedeció por ilegales las órdenes de la Junta Electoral española de retirar las insignias de apoyo a los presos políticos, encarcelados por haber apoyado una consulta electoral a través de un referéndum para la declaratoria de República Catalana.
«No cumplí. Dicho de otra manera, sí, desobedecí. Pero era imposible obedecer una orden ilegal y todos los miembros de esta sala lo saben», sostuvo el presidente de Cataluña en respuesta a las preguntas formuladas por su defensa.
En una primera fase del juicio que correspondió al interrogatorio del acusado, Torra se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular, formulada por el partido de ultraderecha Vox, y del ministerio fiscal que representan a la monarquía española.
Solo respondió a las cuestiones de su defensa, encabezada por el abogado Gonzalo Boye, que se centraron en demostrar que Torra se negó a retirar las pancartas y lazos amarillos en recuerdo a los «presos políticos» catalanes durante el periodo electoral porque la Junta Electoral no tenía competencia para efectuar ese tipo de órdenes.
«La Junta no es un órgano superior jerárquico al de presidente de la Generalitat», sostuvo Torra, quien alegó que los comicios del 28 de abril eran para escoger al Gobierno español y el Gobierno catalán «no tenía ninguna participación» en ellos.
Cataluña acusa de Estado español de censurar libertad de expresión
El presidente también explicó que impugnó todos los escritos recibidos por parte de la Junta, que se encuentran todavía en varios procesos judiciales sin resolver.
Asimismo, interpuso una querella contra los integrantes de este órgano al considerar que sus órdenes constituyeron prevaricación, en una acusación que fue admitida por la Audiencia Provincial de Madrid.
«Pienso que la Junta quiso hacer al presidente obedecer un acto nulo o ilegal o hacerlo prevaricar», aseguró Torra en su discurso ante el juez, en el que también acusó a los miembros del órgano electoral de «coacciones» contra su persona.
También en respuesta a su defensa, justificó el uso de pancartas de apoyo a los «presos políticos» y denegó que se tratara de un «signo partidista», sino de «libertad de expresión».
«Pensamos que lo que quería la Junta era sentar al presidente de la Generalitat en el banquillo de los acusados», declaró el presidente catalán.
Tras el juicio, Torra acusó de «imparcialidad» a la sala del TSJC que lo juzgó.
«Que este juicio no ha contado con las garantías necesarias me parece obvio. También me parece obvio que este no es un tribunal imparcial», aseguró el líder catalán durante su turno de última palabra al finalizar el juicio, que quedó visto para sentencia.
Acoso histórico a un presidente de la Generalitat
En un último parlamento permitido tras concluir la sesión, el presidente del Gobierno catalán destacó que es la primera vez en la historia de Cataluña que un presidente de la Generalitat en ejercicio «se sienta en el banco de los acusados».
«Yo no he venido aquí a defenderme de nada, cumplí con el deber de mi cargo y acuso al Estado de vulnerar mis derechos», expresó el presidente catalán.
«Me podéis condenar pero no cambiaréis en absoluto mi compromiso con Cataluña, ni la voluntad del pueblo, ni el destino de este país», sostuvo el presidente al final de la sesión.
En concreto, Torra afronta un juicio que le podría costar hasta dos años de inhabilitación y una multa de hasta 30.000 euros si se prueba que «desobedeció» la orden de retirar unos lazos amarillos y pancartas en recuerdo de los «presos políticos» catalanes de la fachada de varios edificios públicos.
Tanto el presidente catalán como su defensa aseguraron en declaraciones que su estrategia durante el juicio será la de acusar al Estado español de «vulnerar los derechos» de Torra, quien apelará también a la libertad de expresión.
Tras una primera declaración de Torra será el turno de 17 testigos, entre los que hay varios agentes de la Policía Nacional, dirigentes de los Mossos d’Esquadra —la Policía catalana—, la delegada del Gobierno español en Cataluña, Teresa Cunillera, y el consejero de Interior, Miquel Buch.
La inhabilitación de Torra dejaría al vicepresidente Pere Aragonès a cargo del ejecutivo catalán y a la espera de un pleno de investidura en un plazo de diez días, que en caso de no prosperar terminaría en una convocatoria de elecciones para el Gobierno catalán.
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