TSJ garantizó la administración de justicia en 127.340 audiencias y 178.536 sentencias bajo estrictos protocolos de bioseguridad en 2020
El Poder Judicial venezolano garantizó durante el año 2020 el acceso a la justicia al efectuar 127.340 audiencias y 178.536 sentencias bajo estrictos protocolos de bioseguridad, a causa de la pandemia mundial por la COVID-19.
Así lo informó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrado Maikel Moreno, durante la presentación del Informe de Gestión del Poder Judicial venezolano correspondiente al año 2020, donde destacó que se implementaron las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ejecutivo Nacional, para garantizar la prestación del servicio de justicia.
En este sentido, resaltó que el año pasado se inauguró el Palacio de Justicia en el estado Portuguesa, así como 28 sedes judiciales, para dar espacio a la implementación de 38 nuevos tribunales de primera instancia y 12 cortes de apelaciones.
Moreno subrayó que además se implementó un Plan para el Descongestionamiento de Salas de Retención Preventiva y Centros Penitenciarios, con 367 actividades en el ámbito nacional en las que se atendieron 16.612 privados de libertad.
En el acto realizado en la sede del TSJ, en la ciudad de Caracas, destacó que la reestructuración del Poder Judicial es un hecho y se emprendió el camino para migrar a un modelo de reforma que permita mejorar significativamente el acceso a la justicia de los ciudadanos.
«Estamos mejorando el acceso a la justicia, eliminamos la carga burocrática que muchas veces crea mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos. Parte de ello, es que desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia pasaban años, y ahora solo en 96 hora, en promedio, se toma una decisión», resaltó.
El Magistrado apuntó la labor realizada por cada una de las salas que conforman la máxima instancia judicial, que tomaron 1.215 decisiones jurisdiccionales, discriminadas de la siguiente manera:
- Sala Plena: 30 sentencias
- Sala Constitucional 274
- Sala de Casación Civil 339 sentencias
- Sala de Casación Social 128 sentencias
- Sala de Casación Penal 169 sentencias
- Sala Electoral 70 sentencias
- Sala Político Administrativo 205 sentencias
- Tribunales militares 1136 sentencias
Sobre la relación de Tribunal Supremo con otros organismos internacionales similares, Moreno expresó su agradecimiento a los presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de países como Cuba, Rusia, China, Turquía, entre otros, por su acercamiento y solidaridad con el Poder Judicial venezolano.
Agregó que Venezuela participó en la Cumbre Judicial Iberoamericana, evento en el que elevaron la voz del Poder Judicial venezolano en todas las instancias judiciales de Iberoamérica.
Moreno reiteró que «el Poder Judicial seguirá garantizando la paz de la República y la institucionalidad democrática». /CP
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A continaución el discurso íntegro del presidente del TSJ, magistrado Maikel Moreno:
“De una crisis no se sale igual: salimos mejores o peores”.
Estas palabras fueron pronunciadas por el Papa Francisco al comienzo de la pandemia que durante el año 2020 sumió a la humanidad entera, con catastróficas consecuencias que aun estamos padeciendo.
El Santo Padre colocó sobre la mesa el debate cómo debemos afrontar esta crisis y para ello exhortó a “revisarlo todo” y traducir los grandes valores a la vida del momento.
Cito: “Este es el momento de pensar en el nosotros y borrar el yo por un periodo de tiempo, ponerlo entre paréntesis.
O nos salvamos todos con el «nosotros» o nadie se salva».
Éste es el desafío: hacerme cercano al otro, cercano a la situación, cercano a los problemas, hacerme cercano a la gente», reflexionó recientemente el Pontífice, quien llamó a desterrar la cultura de la indiferencia, porque ésta pone barreras entre los seres humanos.
Quise citar las sabias palabras del Santo Padre, porque se corresponde con el momento que estamos viviendo a nivel planetario, y esa revisión a la que nos invita el Papa se corresponde con el planteamiento que recurrentemente nos hace el presidente Nicolás Maduro, quien ha planteado: “cambiar todo lo que haya que cambiar”.
Aquí en el Poder Judicial no hemos estado indiferentes a esos llamados. Al contrario, adoptamos nuevas formas de administrar justicia sin salirnos de la Carta Magna, pero tomando en cuenta esta nueva realidad surgida a raíz de la pandemia.
El año 2020 representó una etapa de grandes desafíos.
La Pandemia causada por el COVID 19 nos obligó a asumir la responsabilidad colectiva de cuidar de nosotros, de nuestras familias y de los más vulnerables.
De las inmensas urbes a los más humildes parajes, el mundo sintió alterado sus cimientos, es indudable que nuestras civilizaciones y las estructuras que las integran, se vieron forzadas a redefinirse para afrontar una realidad adversa.
Como nación, no fuimos ajenos a tal conmoción, pero en medio del caos mundial, nuestras instituciones no se quedaron sin brindar una adecuada respuesta.
Si algo hemos aprendido con esta Pandemia, es que No existe mejor vacuna que la disciplina y la consciencia colectiva; mejor medicina que la solidaridad y la empatía con quienes padecen, y con las familias de los que perecieron por esta enfermedad.
Por ello, resulta necesario hacer nuevamente un reconocimiento público al liderazgo nacional y especialmente al ciudadano Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por asumir de manera oportuna y categórica las medidas necesarias para contener el avance del COVID 19.
De igual forma, reconocemos el esfuerzo de médicos y demás profesionales de la salud, de los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del cuerpo científico del país y de los miles de voluntarios que se sumaron a esta lucha.
Ustedes son los verdaderos héroes del pueblo. Por ello, le expresamos nuestro más profundo agradecimiento.
Durante el año 2020 este Máximo Tribunal de la República, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, determinó la omisión legislativa por parte de la mayoría de la Asamblea Nacional, y actuó con prontitud para garantizar la conformación de un cuerpo electoral imparcial y competente que condujo a la elección del nuevo Poder Legislativo.
Es oportuno reconocer, el trabajo profesional e imparcial de los integrantes del Consejo Nacional Electoral, quienes desarrollaron un proceso amplio, auditable y con todas las garantías constitucionales y legales para garantizar el derecho al sufragio.
El mundo debe conocer que Venezuela tiene una Constitución que marca el camino pacífico y perfecto para escoger nuestras autoridades.
No serán las élites oportunistas y sediciosas, quienes dicten las condiciones para que el pueblo de Venezuela ejerza su sagrado derecho al voto, pacífico y secreto.
A ellos, les recordamos lo que nuestro texto constitucional prescribe:
“La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público”.
Hoy, seguimos enfrentando grandes desafíos. La reestructuración del Poder Judicial es un hecho y a ello debemos abocarnos todos.
En el curso del año 2020 emprendimos el camino para que de manera ordenada y sistematizada se migre a un modelo de reforma que permita mejorar significativamente el acceso a la justicia, combatir el flagelo de la corrupción y la burocracia administrativa.
Como parte de esos esfuerzos debo resaltar la gestión que el Poder Judicial ha desarrollado.
La inauguración a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura de 1 Palacio de Justicia en el estado Portuguesa y 28 nuevas sedes judiciales, para dar espacio a la implementación de 38 nuevos tribunales de primera instancia y 12 cortes de apelaciones creados por la Sala Plena, los cuales permitirán mejorar la celeridad y calidad de la administración de justicia, así como el acceso de los ciudadanos a los órganos jurisdiccionales.
Debo destacar todas las acciones emprendidas por la Sala Plena de este Alto Tribunal, quien a través de sus resoluciones garantizó la prestación del servicio de justicia, a pesar de las condiciones generadas por la pandemia y en el marco del estado de emergencia nacional.
Para ello, se acordó la inmediata implementación de las medidas de bioseguridad recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y ratificadas por el Ejecutivo Nacional, incorporándose además el uso de los medios telemáticos disponibles para la realización de actos de comunicación y otros de carácter jurisdiccional, inherentes a las fases de investigación e intermedia del proceso penal; asimismo, permitió la utilización del sistema de videoconferencia, junto con las aplicaciones tecnológicas y telemáticas disponibles, para el tratamiento de los asuntos nuevos y en trámite que se desarrollan tanto en los tribunales civiles como en los tribunales con competencia en la materia de protección de niños, niñas y adolescentes, en todos los tribunales del país.
Se habilitó el sistema “Despacho Virtual” para la tramitación de causas nuevas y las ya en trámite en los distintos Tribunales que integran esas jurisdicciones; El sistema despacho virtual, en su primera fase, radica en la presentación y recepción a través de correo electrónico de las demandas, peticiones, recursos y escritos generados por las partes durante la gestión jurídica de un asunto, evitándose con esto que el peticionante tenga que acudir hasta la sede física del tribunal para consignar un documento.
El segundo, radica en lograr la notificación efectiva y oportuna de las partes a través de mensaje telefónico, correo electrónico y página web, alcanzando así la comunicación inmediata de los actos judiciales a ejecutarse.
La tercera fase, implica la creación del diario virtual, lo que permite a los usuarios y público en general verificar a través de la página web toda la actividad administrativa y jurisdiccional de cualquier órgano judicial a nivel nacional.
De esta manera, estamos mejorando el acceso a la justicia de los ciudadanos que acuden a los tribunales, así como también, eliminamos la carga burocrática, que muchas veces genera mecanismos de corrupción y ausencia de control de la actividad de los jueces por parte de los ciudadanos, prueba de ellos es que desde que se iniciaba un trámite hasta su sentencia transcurrían años, ahora solo en 96 horas promedio se dicta sentencia.
Con este nuevo modelo y haciendo uso de medios tecnológicos cotidianos como correo electrónico, mensajería de texto y otros, se contribuyó a facilitar la actividad jurisdiccional; y paradójicamente cuando la ciencia médica nos recomienda un distanciamiento social para prevenir la propagación del virus, nosotros hemos pensado en cómo acercarnos a esos ciudadanos que acuden a nuestros tribunales en busca de justicia, la cercanía es la palabra clave y lo hicimos a través de nuestras sentencias, que han sido dictadas de manera oportuna y con ello se ha contribuido a labrar el camino de la modernización de la gestión pública, a fortalecer y expandir la política y el programa “Papel Cero”, así como la optimización y simplificación de los trámites judiciales.
Adicionalmente, debemos destacar la gestión de cada una de las Salas que conforman esta Máxima Instancia Judicial, quienes alcanzaron un total de 1.215 decisiones jurisdiccionales, discriminadas de la siguiente manera: Sala Plena 30 sentencias; Sala Constitucional 274 sentencias; Sala de Casación Civil 339 sentencias; Sala de Casación Social 128 sentencias; Sala de Casación Penal 169 sentencias; Sala Electoral 70 sentencias y Sala Político Administrativa 205 sentencias.
Los Tribunales de la jurisdicción militar dictaron 1.136 sentencias.
Debo enfatizar la labor de los Tribunales en materia Penal, quienes a pesar de la situación generada por el Covid19 realizaron 127.340 audiencias y 178.536 decisiones, cumpliendo con las medidas de bioseguridad en todos los tribunales en el ámbito nacional.
Asimismo, conscientes de la atención a los privados y privadas de libertad se desarrolló un Plan para el Descongestionamiento de las Salas de Retención Preventiva y Centros Penitenciarios, efectuando un total de 367 actividades en el ámbito nacional, atendiéndose a 16.612 privados de libertad, a quienes se les realizaron las audiencias preliminares, contando con la participación del Ministerio Público, Defensa Pública, Cuerpos de Policía, Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario y abogados en ejercicio.
Resalta además la labor desempeñada por la Inspectoría General de Tribunales, quienes efectuaron un total de 76. 964 inspecciones en los distintos Tribunales de la República.
Por su parte, la Escuela Nacional de la Magistratura continuó con la formación académica de los funcionarios judiciales a través de la modalidad virtual, dictando un total de 35 cursos dirigidos a 4.260 participantes.
En este mismo orden, la Sala de Casación Civil realizó el Primer Congreso Digital de Derecho Crítico; la Comisión Nacional de Justicia de Género organizó el Foro Internacional en materia de Derecho de Género; la Coordinación Nacional de Responsabilidad Penal del Adolescente efectuó el Tercer Congreso Internacional sobre el Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente y la Coordinación Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, realizó el Foro de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia; todos en modalidad virtual y semi presencial.
Durante el pasado año la actividad administrativa del Tribunal Supremo de Justicia no se detuvo, la Comisión Judicial efectuó la designación de 881 jueces y juezas, y acordó la destitución de 91 jueces.
Ahora bien, debemos reconocer que las medidas unilaterales, ilegales y chantajistas impuestas por los Estados Unidos y una serie de países satélites, han mermado significativamente la capacidad de la República para obtener los recursos que necesita y en consecuencia hemos visto afectados las asignaciones económicas al Poder Judicial.
Aun así, hemos hecho enormes esfuerzos por mejorar el buen vivir de las servidoras y servidores públicos judiciales, garantizando espacios acordes con la investidura de los jueces y del personal que labora en estos espacios, los cuales permitirán atender con dignidad a nuestro pueblo.
Por esto, durante el pasado año se procuró la protección a los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, al realizarse en todo el país, 826 actividades entre jornadas sociales, apoyos institucionales y otros eventos, destacándose la entrega de alimentos de la cesta básica, combos proteicos, medicamentos y uniformes.
Además, a través de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura se inauguró la nueva sede del Servicio Médico en el Distrito Capital, para mejorar significativamente la atención a la salud de nuestros trabajadores.
En cuanto al tratamiento de los asuntos inherentes a la cooperación internacional, participamos en la Cumbre Judicial Iberoamericana, llevando la voz del Poder Judicial Venezolano a todas las instancias judiciales de Iberoamérica.
En estos espacios fijamos los retos y los nuevos desafíos de los Poderes Judiciales para los próximos años, obteniendo nuestra participación el reconocimiento de todos los países que integran esta cumbre.
Por otra parte, quiero agradecer a los Presidentes de las Cortes y Tribunales Supremos de Justicia de los países amigos: Cuba, Rusia, China, Turquía, entre otros, por su constante acercamiento y solidaridad con el Poder Judicial Venezolano.
A través del uso de las nuevas tecnologías hemos compartido experiencias, propuestas y visiones sobre la capacidad que tienen nuestros países en ofrecer una adecuada administración de justicia en tiempos de Pandemia.
Lo antes expuesto demuestra que a pesar de las sanciones, de los obstáculos y de la Pandemia generada por el Covid19, la voluntad de los servidores públicos del Poder Judicial se impuso ante los desafíos que representa esta nueva realidad.
Señoras y Señores luego de haberle señalado algunos de los logros del Poder Judicial durante el año 2020, también debemos reconocer los desafíos que se nos presentan.
Instamos al nuevo Poder Legislativo a plantear las reformas urgentes para la transformación de los sistemas de leyes adjetivas y sustantivas para hacerlas más simples y funcionales.
El Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, las leyes especiales inherentes a la lucha contra el Terrorismo y la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de Drogas y la Ley contra la Corrupción, entre otras, deben revisarse y reformarse.
Requerimos de un nuevo marco legal que responda a las necesidades del país y no se convierta en lo que el jurista venezolano Arminio Borjas advertía: “una red enmarañada de recursos donde generalmente queda inmerso el derecho”.
Debemos continuar adaptando los procedimientos judiciales a la nueva realidad tecnológica mundial, con el fin de mejorar el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia, contribuir a la celeridad procesal en la tramitación de los asuntos, y destruir el burocratismo judicial, debiendo privilegiar los mecanismos alternos de resolución de conflictos en los casos donde por la simplicidad de los hechos y la reclamación evidente del derecho, se pueda evitar la judicialización de estos asuntos.
Como objetivo a corto plazo, debemos prepararnos para fortalecer la formación de los profesionales que integran el Poder Judicial, especialmente en los temas de justicia digital; ello permitirá adecuarnos a las nuevas modalidades de litigio generadas por el comercio electrónico.
Señoras y señores, el Poder Judicial venezolano seguirá garantizando la paz de la República y la institucionalidad democrática, es el compromiso de cada uno de los servidores y servidoras judiciales; a ellos les transmito mi profundo agradecimiento y el reconocimiento a quienes a pesar de los obstáculos y las circunstancias apremiantes, tuvieron como norte el compromiso, la lealtad y la mística en el trabajo desempeñado.
Compañeros Jueces, Secretarios y personal que presta su servicio al Poder Judicial, no hay tarea más digna, noble e importante que impartir justicia. No existe juez más objetivo, imparcial e implacable que nuestra consciencia y mayor premio que la satisfacción de la labor cumplida.
Quienes prestamos el servicio judicial, decidimos hacer la diferencia entre el orden y la anarquía, la libertad y la opresión, la soberanía o la esclavitud, porque entendemos que la justicia se sobrepone más allá de la sentencia que condena o libera, es el reflejo de nuestra consciencia, y el resultado de nuestra experiencia y conocimiento.
Pueblo de Venezuela, como nunca antes en nuestra historia, el Poder Judicial ha enfrentado con hidalguía los desafíos que se nos han presentado, más allá de las sanciones, de los llamados a la rendición y la subordinación, la verdadera vocación de los servidores y servidoras del Poder Judicial se ha revelado.
Quisieron quebrar al país y encontraron la fortaleza de nuestras ideas, el arraigo de nuestros principios, la convicción en nuestras acciones.
Llamaron a la insurrección, a la traición y al deshonor y consiguieron la fuerza de nuestra identidad.
Aquellos que prometieron invasiones, intervenciones, y violencia, salieron por la puerta trasera de la historia.
Dejaron el Poder, reducidos por sus mentiras y sus chantajes.
Demostraron que lo único que los sostuvo es la avaricia, y la intimidación.
Mientras tanto nosotros seguimos de pie, parados sobre cimientos de dignidad y principios de profunda convicción y amor por la patria.
Sigamos trabajando por todos aquellos que merecen justicia.
Respaldamos desde este espacio la instalación de la nueva Asamblea Nacional quien abrió el camino al diálogo, la paz y la reconciliación nacional.
Celebramos la creación de una comisión especial para el encuentro con todos los sectores del país. Señor presidente y demás diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia se coloca a su disposición para acompañarlos en esta tarea.
Estamos conscientes que la composición de una mesa de diálogo es la vía idónea para alcanzar los objetivos comunes en esta nueva etapa de la historia.
El pueblo de Venezuela debe tener la plena certeza que el mecanismo del diálogo y sus acuerdos no serán una cortina de impunidad para los que tanto daño le han hecho al país.
Creemos en el diálogo franco, el entendimiento con objetividad y la reconciliación con justicia.
Aquellos que intentaron utilizar los espacios del Poder Legislativo para aniquilar la República y adueñarse del país, deben ser sancionados conforme a la ley.
Los que se aliaron con naciones extranjeras para robarse los recursos económicos de todos los venezolanos, bloquear las operaciones de PDVSA y regalar CITGO, encontrarán en cada juez del Poder Judicial, un árbitro imparcial pero implacable para juzgar y sancionar sus acciones.
No puede haber reconciliación sin perdón y no existe el perdón sin justicia.
El Poder Judicial juzgará con firmeza y establecerá las responsabilidades a las que hubiere lugar para todos aquellos que atentan contra la patria.
Respaldamos las acciones que desde la Fiscalía General de la República se están desarrollando, siempre en el marco de la ley, y daremos respuesta a cada petición y a cada clamor del pueblo que hoy más que nunca nos demanda acciones contundentes y ejemplarizantes para los traidores del país.
El tiempo ha sido nuestro mejor juez, él ha develado todas las oscuras intenciones de aquellos quienes manipularon a sus propios afectos y utilizaron los partidos políticos como plataforma para el lavado de activos, el robo de los recursos del país, el enriquecimiento personal, entre otras acciones que están claramente tipificadas en nuestro ordenamiento jurídico.
Pronto llegará la justicia con firmeza y contundencia, de ello no debe haber alguna duda.
Desde esta tribuna judicial, no puedo dejar de denunciar el robo de nuestra empresa CITGO, la cual se pretende materializar a través de la vía judicial.
Esta maniobra iniciada por actores subversivos e ilegítimos solo merece el repudio de todo el cuerpo de juristas, y de las altas autoridades judiciales a nivel mundial.
Es evidente que la intención detrás de todo es seguir robando los activos del país, por ello, alertamos al mundo sobre esta nueva estrategia de despojo, impulsada por actores extranjeros y empleada por órganos judiciales estadounidenses que violan el derecho comercial y la seguridad jurídica, así como el principio de legitimidad al cual están sujetos todas las acciones legales.
No quisiera finalizar mis palabras sin antes dejar muy claro que EL SOL DE VENEZUELA NACE EN EL ESEQUIBO, y esto no es solo una consigna.
Es el sentimiento común de todos los venezolanos que amamos y sentimos nuestra patria. Herederos de una historia maravillosa que nos precede y que ha sido testigo de grandes proezas por nuestra independencia.
Hoy, como hace 200 años en Carabobo, libramos una batalla incansable por nuestro derecho de ser verdaderamente independientes; por mantener plena soberanía y por la recuperación de nuestro Esequibo.
Nos asiste la moral y la razón histórica, por ello, no desmayaremos en reclamar lo que por derecho nos corresponde. EL ESEQUIBO ES VENEZUELA.
Desde estos espacios, hago un llamado al pueblo venezolano. Es momento de unirnos para defender un objetivo común.
Al Gobierno de la República Cooperativa de Guyana, les decimos que debe privar el diálogo, el entendimiento y la paz, como única vía real y racional para resolver esta controversia.
Señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros.
Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Dr. Jorge Rodríguez. Cuenten con el apoyo del Poder Judicial, para acompañar todas las acciones necesarias que por la vía jurídica correspondan en este asunto.
No permitamos que el Esequibo se convierta en la excusa de las élites para provocar una escalada de violencia entre hermanos Sur-Americanos, tampoco permitamos, que la paz y la estabilidad de la región sean amenazadas.
Somos un pueblo pacífico, pero celoso de nuestra soberanía, consciente del rol protagónico que nos corresponde en la defensa de los derechos sobre el territorio Esequibo y esto lo haremos respetar.
Y acompañado por las imágenes que seguidamente vamos a transmitir Declaro formalmente la apertura del año judicial 2021.
