Relator de la CIDH plantea investigación externa sobre violencia en Bolivia tras golpe de Estado
Para el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, es necesario formar un grupo interdisciplinario e internacional de expertos para investigar los hechos de violencia ocurridos tras el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales en Bolivia porque no hay garantías para una investigación interna imparcial.
Los hechos de violencia en El Alto y Sacaba, que se saldaron con 19 muertos a bala, fueron calificados por Eguiguren de masacres, refiere el portal web del medio local La Razón.
“Una situación muy alarmante, polarización, discurso de odio, violencia, grupos armados y eso es algo muy serio”, resumió el relator en una entrevista la noche del jueves con la cadena CNN sobre lo visto por una misión de la CIDH en Bolivia.
Desde el 10 de noviembre, fecha en que se consumó la acción golpista se activaron bloqueos y marchas en favor del mandatario boliviano exiliado en México, centradas en Cochabamba y El Alto.
El 15 de noviembre perdieron la vida por impacto de bala 9 indígenas que eran parte de una marcha que fue detenida por un operativo policial-militar en su intento de ingresar a la ciudad de Cochabamba.
Días después, el martes 19, en Senkata, lugar de un fuerte bloqueo que impedía la salida de combustibles y GLP, perdieron la vida seis personas y posteriormente otros cuatro heridos en medio de otro operativo policial-militar para evacuar un convoy de cisternas para paliar la ya crítica situación de desabastecimiento en ese entonces.
El Gobierno negó que los militares o policías hayan hecho uso de sus armas de reglamento en esos trágicos hechos. La Fiscalía también descartó que se haya empleado en la muerte de esas personas armas de uso policial o militar.
“A pesar de que la información oficial habla de muertes en enfrentamientos entre civiles, creemos que se requiere de una investigación internacional porque no encontramos internamente garantías para una investigación imparcial y firme”, insistió el Relator y anunció que planteará a la CIDH una visita lo más pronto posible a Bolivia para ver en el terreno lo ocurrido.
“Muy alarmante comprobar que una de esas masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable, donde el Gobierno interino dispuso la intervención de las Fuerzas Armadas, que estarían exentas de investigación y responsabilidad”, cuestionó en relación al decreto aprobado el 14 de noviembre y abrogado el 28 del mismo mes tras, dijo la presidenta Jeanine Áñez, haberse consolidado la pacificación.
Ese decreto eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en los operativos para restablecer el orden, además dejaba en claro que debían actuar de forma proporcional al ataque o violencia que combatían.
