El plazo de 48 horas que dio la noche de este sábado el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, para que el mandatario Evo Morales renuncie es la develación de su estrategia «golpista» y la ruptura del orden establecido en el país, aseveró el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
«Constitucionalmente significa que es una ruptura del orden establecido, pero fundamentalmente es la develación de la estrategia golpista, no importaba las elecciones, se había anunciado que no eran creíbles, fraudulentas, antes de su realización», indicó en entrevista con medios estatales de Bolivia.
Romero manifestó que el ultimátum coincide con un informe de Inteligencia que da cuenta que este lunes en la noche se prepara una acción violenta confrontacional hacia plaza Murillo, centro del poder político del país, a cargo de grupos de choque organizados por los cívicos.
La autoridad ratificó que en el país está en curso una «estrategia golpista» que en su formato inicial fue «blando», pero en su fase confrontacional es «duro», iniciativa que fue formulada desde afuera, porque ya se puso en marcha en otras realidades sociales, principalmente para «atacar» procesos progresistas.
Indicó que grupos opositores y cívicos de derecha, como Camacho, antes de las elecciones del 20 de octubre ya manejaban el discurso de fraude, una vez que se verificaron los comicios anunciaron que posesionarían a Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, candidatos de Comunidad Ciudadana (CC), como mandatarios, si es que no había una segunda vuelta.
Más adelante desconocieron también los resultados que dieron como ganador a Morales con 47,08% de los votos, al igual que la auditoría que está en curso a cargo de la Organización de Estados Americanos (OEA), precisamente para descartar las denuncias de supuesto fraude en los comicios.
El Ministro indicó que, pese a las reiteradas denuncias de irregularidades en las elecciones, esos grupos radicales hasta la fecha no han presentado una sola prueba del supuesto fraude.
Señaló que todas esas negativas, tanto a elecciones, auditoría, OEA, solo dejan ver que son temas «secundarios» para esos grupos, pues lo fundamental es la estrategia de «golpe».
Agregó que esa estrategia, en su fase «dura» que se vive en la actualidad tiene tres dispositivos: conculcación de las garantías constitucionales de los ciudadanos, incluso a título de defensa de la democracia, racismo y confrontación violenta contra instituciones estatales, en particular la Policía.