Tribunal Constitucional de Chile destituye a la senadora Isabel Allende
El Tribunal Constitucional (TC) de Chile acordó este jueves destituir a la senadora Isabel Allende, por intentar vender al Estado chileno la casa de su padre, el fallecido presidente Salvador Allende, para convertirla en un museo en honor al histórico líder socialista.
Según medios locales que accedieron al fallo, la decisión se adoptó por ocho votos contra dos, lo cual finaliza la carrera parlamentaria de más de tres décadas de Allende, medida que tendrá efecto una vez que se notifique oficialmente a la militante del Partido Socialista (PS).
«La memoria del presidente Allende permanecerá intacta. El fallo no la mancilla. Hoy no habrá museo, pero seguirán las calles y plazas con su nombre a lo largo de todo Chile y el mundo, así como su legado político y el cariño de millones de compatriotas», señaló la socióloga a través de un comunicado, a la espera de la sentencia oficial.
“Como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó, tal como lo argumentó nuestro abogado, Gabriel Osorio, ante el pleno del Tribunal Constitucional», explicó.
«En mis más de 30 años de servidora pública jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes», agregó Allende, quien finalizó al afirmar que tiene «la certeza de haber actuado siempre con total integridad». El requerimiento que dio origen al fallo fue interpuesto por militantes del ultraderechista Partido Republicano y miembros de la coalición Chile Vamos, que aglutina a Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI).
«Valoramos esta resolución de acoger nuestro requerimiento para cesar en el cargo a la senadora Isabel Allende por haber incurrido en un ilícito constitucional. Los parlamentarios no pueden celebrar contratos con el Estado, y una persona que ha estado en puestos por más de 30 años no podía, sino, conocer esta causal de destitución», señaló en un punto de prensa el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella.
La controversia empezó a fines de 2024, cuando el Gobierno anunció la compra por 933 millones de pesos chilenos (aproximadamente un millón de dólares) de la residencia de Allende para convertirla en un museo. Esta operación consideraba la firma de contratos con la nieta de Salvador Allende, Maya Fernández, y la propia Isabel Allende, ambas impedidas constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por sus cargos públicos.
Fuente: Medios internacionales
