Trump podría entrar en desacato por desconocer orden judicial que bloquea deportaciones

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, podría entrar en desacato por desconocer una orden judicial que bloquea las deportaciones bajo una ley de inmigración en tiempos de guerra, luego que este jueves el magistrado federal James Boasberg celebró una vista judicial en Washington para determinar si el gobierno ha cumplido sus órdenes o es culpable de desacato e interrogó a los abogados de Trump sobre si desafiaron o no la orden judicial.

El Gobierno ha pedido a la Corte Suprema que anule la orden del tribunal inferior y permita reanudar los vuelos de expulsión bajo la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII, que antes solo se usó durante la guerra de 1812 y las dos guerras mundiales.

Para Boasberg es un indicio de que la administración podría haber «actuado de mala fe». En su opinión, el Departamento de Justicia era consciente de que había una vista judicial para las 17H00 horas del 15 de marzo para examinar una demanda presentada por grupos de defensa de los derechos humanos con el fin de intentar bloquear las expulsiones.

«¿Por qué lo prudente no habría sido decir: ‘Vamos a frenar aquí y ver lo que el juez tiene que decir’?», preguntó Boasberg. A lo que el fiscal general adjunto, Drew Ensign, respondió que no estaba al tanto de los «detalles operativos» de las deportaciones. Desde el comienzo del litigio, el Departamento de Justicia alega que los aviones ya estaban en ruta hacia El Salvador y en el espacio aéreo internacional cuando el juez emitió su orden por escrito pidiendo que dieran la vuelta.

«Si realmente creyeran que todo lo que hicieron ese día era legal y que sobreviviría a un desafío judicial, no habrían actuado como lo hicieron», dijo el magistrado al abogado del Departamento de Justicia Drew Ensign.

En este caso, el juez emitirá la próxima semana un fallo sobre cómo proceder si encuentra motivos para declarar al gobierno en desacato, teniendo pruebas de que el Gobierno Nacional y los abogados de varios de los venezolanos expulsados sostienen que sus clientes no son miembros del Tren de Aragua, no han cometido delitos y se les persigue por sus tatuajes.

La ley de enemigos extranjeros se invocó el 14 de marzo, pero no se hizo pública hasta el día siguiente (cuando las deportaciones ya estaban muy avanzadas).