UE debate incautaciones masivas de petroleros rusos en el mar Báltico

Los países de la Unión Europea (UE) desarrollan medidas legales que les permitan realizar «confiscaciones a gran escala» de petroleros en el mar Báltico, sobre todo aquellos que acusen de conformar la supuesta «flota fantasma» de Rusia. Se podrían aplicar leyes para la protección del medioambiente o contra la piratería, así como también introducir la utilización de una lista de aseguradoras «fiables».
 
La «flota fantasma» es un término acuñado para barcos aparentemente empleados por el gigante eslavo para evadir las medidas coercitivas unilaterales impuestas en su contra. «Estamos siendo testigos de que existen algunas vías de escape» de las sanciones occidentales contra Rusia, sostuvo el ministro de Energía de Lituania, Zygimantas Vaiciunas. «Por eso las contramedidas a la flota fantasma realmente ayudarían a conseguir los resultados que no somos capaces de lograr a través del régimen de sanciones», elaboró.
 
Según dos diplomáticos de la UE y dos funcionarios gubernamentales, se propone incluir en la lista negra a 74 petroleros rusos. Al mismo tiempo, los países nórdicos y bálticos discuten separadamente iniciativas que representan tres categorías. En primer lugar, las autoridades podrían incautar buques que pudieran dañar el medio ambiente , por ejemplo, mediante derrames de petróleo. En segundo lugar, podrían aplicarse leyes contra la piratería. Finalmente, el bloque europeo debate la imposición conjunta de nuevas leyes nacionales para facilitar la captura de barcos.

Entre esas medidas, se podría incluir la exigencia de que los petroleros en el mar Báltico utilicen una lista prescrita de aseguradoras «fiables». En este caso, países como Estonia y Finlandia podrían detener embarcaciones que dependan de otros operadores menos creíbles, explica el medio. Por su parte, expertos y abogados marítimos sostienen que tales disposiciones serían de difícil realización. Se trata de posibles represalias legales por parte de Moscú, expensas elevadas y complicaciones logísticas, así como una probable confusión en las leyes internacionales de transporte marítimo.

«Los Estados costeros deben respetar el principio de la libre navegación de acuerdo con el derecho internacional», reconoció un alto funcionario de inteligencia letón. «Estamos trabajando con nuestros socios para encontrar un equilibrio entre esta libertad y el derecho de los Estados costeros a proteger sus cables submarinos», aseveró, y añadió que, para inspeccionar más buques se necesitaría el apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dados los recursos necesarios.

Por su parte,el abogado principal del bufete, International Maritime Group, Isaak Hurst, opinó que imponer leyes nacionales para incautar buques es una tarea «increíblemente arriesgada». «Será absolutamente impugnado en virtud del derecho internacional», lo que podría costar a los países «decenas de millones», indicó. En este sentido, mencionó también el coste de mantener a la tripulación a bordo de los buques detenidos, problemas de inmigración relacionados y «la reacción del estado de abanderamiento». «Desde el punto de vista político, simplemente es un auténtico desastre», resumió.

Fuente: RT

VTV/DC/CP