Uruguayos convocados a referéndum para derogar «ley ómnibus»
El domingo 27 de marzo del año en curso unos 2,6 millones de uruguayos están convocados a las urnas en un referéndum que propone derogar 135 de los 476 artículos de una norma impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou que regula una amplísima variedad de temas.
De acuerdo al portal web Sputnik, la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobada en julio de 2020 en el Parlamento y es una promesa de campaña del mandatario con cambios normativos en las áreas que su Partido Nacional (centroderecha) fue más crítico a la anterior administración del Frente Amplio (centroizquierda): educación, seguridad, huelga, inclusión financiera, etcétera.
Por su parte, la central sindical única PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores) se manifestó en contra del mecanismo de la urgente consideración, considerándolo antidemocrático por limitar el debate político y social.
En tal sentido, la oposición uruguaya inició una campaña de recolección de firmas para accionar el referéndum advirtiendo efectos perjudiciales en 135 artículos.
La Corte Electoral validó en diciembre de 2021 las rúbricas presentadas, habilitando así la consulta popular.
Artículos cuestionados
Las disposiciones que el Frente Amplio y el PIT-CNT buscan derogar de la LUC se refieren, por ejemplo, a la prohibición de piquetes como parte de los reclamos sindicales.
Asimismo, la oposición advierte que esa limitación afecta el derecho de huelga, mientras el gobierno insiste en que la norma procura velar también por la libre circulación y el derecho de los trabajadores a acudir a su lugar de labores.
En el área de seguridad ciudadana, se propone derogar disposiciones que amplían los conceptos de legítima defensa, resistencia al arresto y agravio a la autoridad policial, así como las que alargan de 2 a 4 horas el plazo que tiene la policía para informar a la fiscalía una detención y les dan potestades a funcionarios para el registro de personas y autos en procedimientos preventivos.
Advierte la oposición que estos cambios pueden derivar en abuso policial, la administración de Lacalle Pou señala que le proveen de más herramientas a las fuerzas de seguridad para un trabajo efectivo.
Además, se pretenden dejar sin efecto algunas modificaciones que hizo la LUC al estatuto de la educación, que eliminan la participación docente en los consejos de dirección y redefinen la obligatoriedad de la enseñanza, así como las referidas a los alquileres sin garantía, que reducen los plazos de desalojo.
VTV/WIL/EL
